El Congreso ha dado este jueves luz verde a la octava ley educativa de la democracia, una norma, que como sus predecesoras, nace envuelta en la polémica. La propia ministra Isabel Celaá se ha mostrado “feliz” pero ha reconocido que le hubiera gustado contar con un mayor consenso. Tras conseguir la mayoría absoluta necesaria en la Cámara baja, la iniciativa será remitida al Senado para continuar con el trámite parlamentario. El objetivo del Gobierno es que esté aprobada a finales de este año o principios del que viene.
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